Lei nº 15506 de 16 de setembro de 2026

Lei nº 15506 de 16 de setembro de 2026.

O Congresso Nacional aprovou e o presidente sancionou a Lei nº 15.506, publicada em 16 de setembro de 2026, que instituye a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (PNMCE) e cria o Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos (CIMCE), vinculado à Presidência da República. A norma também altera quatro leis anteriores, entre elas a Lei nº 11.488, de 2007, e a Lei nº 14.801, de 2024. O texto interessa agora porque estabelece um marco legal para minerais considerados essenciais para a transição energética, a segurança alimentar e a soberanía nacional.

A nova lei chega em um contexto de crescente dependência externa e vulnerabilidade geopolítica na oferta de minerais. O texto define como minerais críticos aqueles recursos necessários para setores-chave da economia cuja disponibilidade seja insuficiente, instável ou vulnerável, seja por deficiência de produção interna, elevada dependência de importações ou concentração geográfica do fornecimento. A norma também distingue os minerais estratégicos, relevantes por suas reservas significativas e por sua capacidade de gerar superávit na balança comercial. A iniciativa busca, assim, reduzir riscos de escassez e criar instrumentos de rastreabilidade, certificação e recuperação de materiais.

• Cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (PNMCE) e o Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos (CIMCE), vinculado à Presidência da República.
• Define minerais críticos e estratégicos com critérios como dependência de importações, riscos geopolíticos, gargalos tecnológicos e relevância para a balança comercial.
• Establece o Certificado Mineral de Baixo Carbono (CMBC), emitido por empresas certificadoras credenciadas, para medir a intensidade de emissões de gases de efeito estufa na produção mineral.
• Incluye a mineração urbana como processo sistemático para recuperar minerais de resíduos eletroeletrónicos, baterias, veículos em fim de vida e aterros.
• Altera a Lei nº 11.488/2007, a Lei nº 13.334/2016, a Lei nº 13.575/2017 e a Lei nº 14.801/2024, ajustando o marco regulatorio do setor.

O texto legislativo estabelece definiciones precisas para termos como beneficiamento mineral, transformação mineral, ciclo de vida e análise do ciclo de vida. A norma também introduce o conceito de fronteiras do sistema de certificação, que determina quais etapas da cadeia de produção serão cobertas pela certificação de emissões. A intensidade de emissões será medida com base em indicadores de referência nacionais e internacionais, segundo a análise do ciclo de vida. Estes elementos apontam a intenção do legislador de criar um sistema verificable e alinhado com padrões globais.

A lei prevé a criação de um cadastro nacional de projetos de minerais críticos e estratégicos, embora não detalhe os critérios de inscrição. O CIMCE, vinculado à Presidência da República, terá a função de coordenar a política e promover a industrialização destes minerais no país. A norma também menciona a rastreabilidade como capacidade de identificar a origem, a composição e o destino final de um bem de consumo. Este mecanismo poderá afetar cadeias produtivas que dependen de insumos minerais, desde eletrónicos até vehículos.

Históricamente, o Brasil tem dependido de importações para diversos minerais usados em tecnologías limpas, enquanto outros são exportados como matéria-prima. A nova política busca alterar esta dinâmica, promoviendo a transformação mineral no território nacional. A distinción entre críticos e estratégicos permite tratar de forma diferenciada os recursos que representan risco de escasez daqueles que generan vantagens comerciales. Este enfoque é relevante para setores como defensa, agricultura e energía.

La lei también aborda la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la cadena productiva minera. El Certificado Mineral de Bajo Carbono (CMBC) será emitido exclusivamente por empresas certificadoras acreditadas, y deberá incluir al menos la origen mineral y la localización de la producción. La certificación se basará en el análisis del ciclo de vida, considerando todas las etapas desde la extracción hasta la disposición final. Esto crea un incentivo para que las empresas reduzcan su huella de carbono y puedan diferenciar sus productos en el mercado.

Qué son los minerales críticos y estratégicos

La ley define como minerales críticos aquellos recursos necesarios para sectores clave de la economía nacional, cuya disponibilidad sea insuficiente, inestable o vulnerable. La escasez de estos minerales puede representar un riesgo relevante para la economía, especialmente para asegurar la transición energética, garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, y resguardar la seguridad y soberanía nacional y tecnológica. La definición incluye factores como la concentración geográfica del suministro externo, los riesgos geopolíticos y las restricciones de mercado.

Los minerales estratégicos, por su parte, son aquellos recursos relevantes para el país debido a reservas significativas y esenciales para la economía en la generación de superávit comercial, el desarrollo tecnológico o el desarrollo regional. A diferencia de los críticos, no necesariamente están vinculados a la transición energética, pero pueden contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en su cadena productiva. Esta distinción permite priorizar políticas públicas según el rol de cada mineral en la economía nacional.

Certificación y trazabilidad en la cadena mineral

La norma crea el Certificado Mineral de Bajo Carbono (CMBC), un documento emitido por empresas certificadoras acreditadas que certifica la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de minerales. La certificación debe incluir, como mínimo, el origen mineral y la ubicación de la producción. El proceso de acreditación será gestionado por una institución acreditadora que evaluará, calificará, acreditará y registrará a las empresas certificadoras.

La trazabilidad es otro pilar de la ley, definida como la capacidad de identificar el origen, la composición y el destino final de un bien de consumo mediante sistemas de identificación y registro. Este mecanismo permitirá a los consumidores y a las autoridades conocer la procedencia de los minerales utilizados en productos como celulares, baterías y vehículos. La combinación de certificación y trazabilidad busca generar confianza en el mercado y facilitar el cumplimiento de estándares ambientales.

Minería urbana y transición energética

La ley incorpora el concepto de minería urbana, definida como el proceso sistemático de recolección, desmontaje, separación, beneficio y refinado para recuperar minerales críticos y estratégicos de los stocks antropogénicos urbanos. Esto incluye residuos electrónicos y eléctricos, baterías, vehículos al final de su vida útil, escombros de construcción y vertederos. La minería urbana se presenta así como una fuente complementaria de suministro que reduce la dependencia de la extracción primaria.

La transición energética es uno de los ejes centrales de la política, definida como el cambio en la composición de la matriz energética hacia una mayor participación de fuentes renovables y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Los minerales críticos son indispensables para tecnologías como paneles solares, turbinas eólicas y baterías de vehículos eléctricos. La ley busca asegurar el suministro de estos insumos para que la transición no se vea frenada por la escasez o la dependencia externa.

Ejemplos prácticos del día a día

Un consumidor que compra un teléfono celular podrá, en el futuro, verificar mediante sistemas de trazabilidad si los minerales utilizados en su fabricación provienen de fuentes certificadas por su baja emisión de carbono. Esto le permitirá elegir productos con menor impacto ambiental, aunque la implementación dependerá de la reglamentación y de la adopción por parte de las empresas.

Un pequeño productor rural que utiliza fertilizantes y maquinaria agrícola depende de minerales críticos para la seguridad alimentaria. Si estos minerales escasean o su precio se vuelve volátil, el costo de producción podría aumentar. La política nacional busca garantizar el suministro de estos insumos para proteger la producción de alimentos.

Un empresario del sector de reciclaje podría beneficiarse de la minería urbana, ya que la ley reconoce formalmente el proceso de recuperación de minerales a partir de residuos electrónicos y baterías. Esto abre oportunidades de negocio para quienes ya operan en la gestión de residuos, así como para nuevas empresas dedicadas al refino de materiales recuperados.

Un joven que adquiere un vehículo eléctrico depende de baterías fabricadas con litio, cobalto y otros minerales críticos. La nueva política busca que estos minerales sean procesados y transformados en el país, lo que podría reducir la dependencia de importaciones y generar empleo en la cadena de industrialización. La certificación de bajas emisiones también podría influir en el precio final y en la percepción ambiental del producto.

La Lei nº 15.506 establece las bases de una política de largo plazo para los minerales críticos y estratégicos, pero su aplicación efectiva dependerá de la reglamentación y de la acción del Consejo Nacional para Industrialización de Minerais Críticos e Estratégicos. El próximo paso será la implementación del cadastro nacional de proyectos, el credenciamento de empresas certificadoras y la definición de los indicadores de intensidad de emisiones. El sector minero, la industria y los consumidores deberán adaptarse a un nuevo marco que busca equilibrar el desarrollo económico con la sostenibilidad y la seguridad estratégica del país.

Texto completo da norma

Consulte o texto integral e a versão atualizada da Lei nº 15506 diretamente no portal oficial: Lei nº 15506 de 16 de setembro de 2026 - Normas.leg.br.

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